La Asociación Salvem sa Badia ha presentado hoy ante el Govern balear las firmas de las entidades ecologistas que se han adherido al manifiesto de denuncia de la situación de creciente degradación ambiental que afecta gravemente a los ecosistemas costeros y marinos. El texto, que ya se había trasladado a la comunidad autónoma hace unas semanas, previamente a la recolección de firmas, exige medidas urgentes, firmes y eficaces ante la modificación inminente del Decreto Balear 21/2017, que regula la actividad de alquiler de embarcaciones y buques de recreo, cuya redacción final se dará a conocer mañana.
Las entidades del archipiélago balear que se han sumado a este manifiesto son Amics de la Terra, GEN-GOB, Institut d’Estudis Eivissencs, Ibiza Preservation, GOB Mallorca, Arrels Marines, Medgardens y Plataforma Port Ramassat. La idea del manifiesto surgió tras varias conversaciones con distintos actores del archipiélago balear, entre los que también figuraban la Asociación de Empresas de Chárter de las Islas Baleares (AECIB) y la Asociación Estación Náutica de Sant Antoni, al observar la necesidad de introducir requisitos de carácter ambiental en la nueva regulación.
A los firmantes se han sumado también particulares, asociados de Salvem sa Badia, biólogos, oceanógrafos y periodistas. Ahora, Salvem sa Badia se encuentra a la expectativa de si el texto final del decreto recoge las reivindicaciones del manifiesto. Resulta positivo, asimismo, que se haya hecho una excepción a nivel balear y finalmente no se permita el alquiler de barcos particulares de la lista 7ª en aguas de Balears, lo que se habría traducido en una presión humana aún mayor, permitiendo un modelo similar al de AirBnB pero con barcos.
Específicamente, se pide que el alquiler náutico sólo pueda tramitarse durante unas fechas establecidas y presentando los siguientes documentos: declaración responsable, comprobante de estar en disposición de punto de amarre en Balears o autorización de acceso a una rampa, comprobante de seguro a nombre del patrón, comprobante de participación en una formación básica obligatoria sobre navegación segura y buenas prácticas ambientales, registro de actividad de alquiler a terceros y registro de vacío de aguas grises, negras y de sentina al final de la temporada.
También se reclama la creación de un registro de incidencias e ilegalidades relacionadas con cada patrón, limitar el número de permisos de alquiler por año, la citada prohibición del alquiler temporal de barcos privados (lista 7ª) en Balears, ya aprobada, y el cobro de una tasa ambiental por embarcación proporcional a su impacto.
Además, se solicita la activación de una sección específica en la aplicación Línea Verde para reunir evidencias y denuncias de malas prácticas, un mayor número de instalaciones de vaciado de aguas sucias, un número de infraestructuras ecológicas de amarre y fondeo acorde a la cantidad de embarcaciones que se permitan, la imposición de límites de velocidad claros y controlables en las zonas sensibles y que se refuercen los mecanismos de vigilancia, entre otras actuaciones. Finalmente, se pide que se elimine el artículo 10 del Real Decreto 875/2014, que permite el manejo sin titulación de embarcaciones con motor de eslora inferior a 5 metros.
El alquiler náutico, cuando no está sujeto a un control efectivo, genera impactos ambientales críticos e irreversibles, especialmente en zonas de alto valor ecológico como reservas y parques naturales, las reservas marinas de interés pesquero o en la Red Natura 2000 (particularmente ZEPA y ZEC). Esto se debe en gran parte a la masificación turística que se produce en el archipiélago balear durante la temporada estival y a las dificultades de acompañar ese drástico aumento de población con suficiente personal de control.
La impunidad con que se llevan a cabo prácticas ilegales en materia de náutica y la reiteración de estas últimas reflejan la poca efectividad de las medidas de vigilancia, control y represión establecidas hasta la fecha.